viernes, 28 de junio de 2013

Ley anti piratería pone en riesgo a exportadores

Fiscales de 37 estados de la Unión Americana solicitaron la aprobación de la ley de competencia desleal (Unfair Competition Act), con la cual se podría prohibir importar productos de empresas que usen piratería, poniendo en riesgo al sector empresarial que exporta a Estados Unidos.
Hasta ahora, la ley sólo se aplica en los estados de Luisiana y Washington y permite, en general, impedir la venta de productos que utilicen tecnología en forma ilegal, ya sea en su producción o en su cadena productiva.

“La principal amenaza para las exportaciones mexicanas ocurrirá si esta ley se hace nacional”, dijo Rodrigo Gallegos, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
México es el tercer país con mayor índice de piratería de software en el mundo, con una participación de 58% de sus empresas en esa ilegalidad, mientras que China ocupa la primera posición, con 78%, según la Alianza de Compañías de Software (BSA, por su sigla en inglés).
La ley tiene excepciones en ciertos productos y servicios, como alimentos, bebidas, medicamentos y bienes protegidos por derechos de autor, pero impacta a la gran mayoría de las manufacturas, las cuales abarcan más de 80% del total de exportaciones mexicanas.
Inicialmente, el dueño de la tecnología de información o el fiscal de distrito notifica al presunto detractor del uso de tecnologías ilegales o robadas y éste cuenta a partir de entonces con 90 días para dejar de utilizar el producto o regularizar su posesión.
En caso de ser encontrado culpable, la pena puede variar de una sanción económica a la prohibición de vender el bien cuya manufactura haya violado la ley. Adicionalmente, se podrán presentar cargos contra terceros que hayan vendido tal producto.
Bajo el escenario actual, con las leyes en Luisiana y Washington, el impacto en las exportaciones sería acotado para México, puesto que a los dos estados se dirige sólo 3.9% de las ventas externas mexicanas.
En cambio, si la legislación fuera nacional, entonces el efecto para la economía mexicana sería mucho mayor: si ninguna de las empresas con software ilegal en México pudiera vender en Estados Unidos, las pérdidas equivaldrían a 4% del Producto Interno Bruto mexicano, impactando 500,000 empleos, según el Imco.
Las empresas en la ilegalidad deberían regularizarse, asegura el Imco, que hizo este estudio (pagado por Microsoft).